Recomendaciones de Con Edison para la reforma del impuesto a la propiedad

Con Edison ha revisado las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre Impuestos a la Propiedad (Comisión). Tomando nota de la visión de la Comisión de "... más simple, más claro, más justo...", Con Edison tenía la esperanza de que el trabajo de la Comisión habría abordado los muchos problemas del sistema actual de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, ya sea la falta de la transparencia, el carácter regresivo de su valoración y recaudación, o su gran y creciente magnitud de cara a la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, eso no sucedió en este informe. Por lo tanto, brindamos testimonio para resaltar que los clientes de Con Edison y los $2500 millones en impuestos a la propiedad que soportan actualmente merecen ser incorporados en las recomendaciones finales de esta Comisión para abordar su magnitud, su impacto en el aumento de las facturas de energía y su naturaleza regresiva. Además, brindamos recomendaciones para su consideración que harían que el sistema de impuestos a la propiedad de servicios públicos sea más justo y más beneficioso para el futuro de energía limpia que todos deseamos.

Pocos neoyorquinos entienden completamente que en realidad hay DOS pagos de impuestos sobre la propiedad que están haciendo: 1) el pago que están haciendo sobre los bienes inmuebles que poseen, arriendan o están alquilando y 2) los impuestos sobre la propiedad que la Ciudad de Nueva York ("Ciudad" ) les cobra por tener un sistema de energía que están ocultos a simple vista en sus facturas mensuales de energía.

Los impuestos a la propiedad de Nueva York, y sus aumentos perennes, dan como resultado facturas de electricidad, gas y vapor más altas para los clientes; de hecho, los impuestos a la propiedad, en ocasiones, han representado casi el 30 % de las facturas de energía en la ciudad de Nueva York. Tanto en el caso actual de tarifas de electricidad y gas ante la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York ("PSC") como en uno que pronto se presentará ante la PSC para las tarifas cobradas a los consumidores de vapor de Con Edison, los impuestos a la propiedad son un gran, si no el mayor, impulsor de esos aumentos que los clientes verán en sus facturas futuras.

Para aquellos que lean este testimonio y no estén familiarizados con la forma en que los impuestos a la propiedad de servicios públicos afectan a los clientes de servicios públicos, una factura de servicios públicos consta de tres partes: 1) el costo de la energía que consume el cliente, también conocido como "Cargos por suministro"; 2) el costo de las inversiones en infraestructura para entregar esa energía, conocido como "Cargos de Entrega"; y 3) el costo de los impuestos sobre la propiedad que la Ciudad cobra a los neoyorquinos por tener un sistema de energía que se utiliza para llenar el fondo general de recaudación de impuestos de la Ciudad y tapar las brechas presupuestarias. Esos cargos se cobran en nombre de la Ciudad de Nueva York en la factura de servicios públicos. Estos no son cargos sobre los edificios de Con Edison, sino sobre las tuberías, los cables y otra infraestructura que suministra energía a toda la ciudad.

Para poner contexto: los clientes de Con Edison, como clase, son sin lugar a dudas el mayor contribuyente de impuestos sobre la propiedad en la Ciudad y los impuestos sobre la propiedad de la ciudad de Nueva York en su factura han aumentado constantemente de aproximadamente $500 millones en el año 2000 a casi $2500 millones en 2023, eso es un aumento mayor del 300 %. Cuando los neoyorquinos hablan sobre el fuerte aumento de los costos de energía, lo que quizás no sepan es que los impuestos municipales sobre la propiedad han desempeñado un papel importante en el aumento de esas facturas.

Nueva York es única en la forma en que las empresas de servicios públicos como Con Edison evalúan los impuestos sobre la propiedad para la infraestructura y el equipo necesarios para suministrar energía. En lugar de pagar un impuesto de franquicia especial, que es la norma nacional, los clientes de empresas de servicios públicos como Con Edison pagan impuestos tanto sobre la propiedad tangible en el derecho de paso público como sobre el valor del derecho de franquicia y la autoridad o permiso para ocupar dichos espacios públicos. Además, Con Edison debe pagar cientos de millones de dólares en otras tarifas especiales que vienen en forma de tarifas de consentimiento revocable, costos de construcción de interferencia pública, permisos de apertura de calles, por nombrar algunos. Estas circunstancias son diferente de cómo se gravan otros negocios y resultar en una factura de impuestos cada vez mayor que contribuye significativamente a tasas de servicios públicos más altas para los consumidores. A través de estos impuestos, tarifas y otras evaluaciones especiales, la Ciudad es, sin duda, el mayor beneficiario financiero del sistema de energía de la Ciudad de Nueva York.

El impuesto especial de franquicia también tiene la consecuencia no deseada de penalizar a nuestros clientes por las inversiones necesarias en el sistema, incluso para mantener altos niveles de confiabilidad y resistencia a las tormentas y para cumplir con las metas de energía no contaminante de nuestra ciudad y estado. Sin una cuidadosa reforma del impuesto a la propiedad de servicios públicos, estas evaluaciones solo aumentarán a medida que Con Edison realice las inversiones de resiliencia a medida que nos adaptamos al cambio climático, así como las inversiones en capacidad de entrega necesarias para combatir el cambio climático. Por ejemplo, cuando hacemos mejoras a los transformadores sumergibles en las calles de áreas propensas a inundaciones, o cuando instalamos nuevos alimentadores de distribución eléctrica en comunidades desfavorecidas que buscan dejar de quemar gas natural a través de la electrificación, o cuando construimos grandes centros de subestaciones que acepten energía eólica marina o instalamos cargadores de vehículos eléctricos en los vecindarios, el sistema de impuestos a la propiedad de la Ciudad verá evaluaciones nuevas y más altas sobre esas inversiones, todo lo cual se reflejará como impuestos a la propiedad más altos en las facturas de servicios públicos. Por ejemplo, si la empresa agregó $2000 millones de inversión en infraestructura en la ciudad, nuestros clientes deberían pagar un impuesto anual a la propiedad de unos $100 millones sobre esa inversión en infraestructura.

De hecho, a través de su actual sistema de impuestos sobre la propiedad, la Ciudad puede obtener ganancias inesperadas de las inversiones que serán necesarias para lograr las metas de transición de energía limpia tanto de la Ciudad como del Estado.

Este sistema injusto de impuestos a la propiedad en NYC ya ha sido denunciado como tal por algunos funcionarios electos, reguladores y defensores. De hecho, algunos comisionados de la Comisión de Servicios Públicos (PSC) han expresado su preocupación al respecto. Algunos comisionados han señalado en repetidas ocasiones que cualquier persona que se tome en serio hacer algo con respecto a las facturas de servicios públicos no debe mirar más allá del sistema de impuestos a la propiedad de la ciudad de Nueva York.

La Ciudad debe asegurarse de que las evaluaciones sean uniformes dentro de cada clase de impuestos. En cambio, las recomendaciones de la Comisión Asesora no hacen nada para cambiar una estructura de impuestos a la propiedad que es discriminatoria y grava indebidamente a los vecindarios con una distribución de ingresos más baja que las áreas donde tienden a vivir los neoyorquinos con mayores ingresos, cuando se trata de impuestos a la propiedad de servicios públicos. Como le mostraría la política fiscal, cualquier clase con una participación en el mercado de su propiedad mayor que su participación en el gravamen fiscal recibe una preferencia fiscal, que luego es absorbida por las otras clases. Históricamente, sin embargo, las empresas de servicios públicos en la ciudad de Nueva York se han visto agobiadas (falta de ventajas) por este sistema, en el que su participación de clase en el gravamen del impuesto a la propiedad es más del doble de su valor de mercado. Para el año fiscal 2022-23, las propiedades de servicios públicos representaron el 3 % del valor total del mercado, pero su participación en el impuesto a la propiedad fue del 7 %. Hasta que esta inequidad sea abordada por esta o futuras Comisiones, los clientes de Con Edison deberán pagar impuestos a la propiedad más altos y cada vez más regresivos sobre las inversiones necesarias para garantizar un futuro de energía limpia y confiable frente al cambio climático.

Algunas acciones sugeridas:

1. Transparencia: Con Edison pide a la Comisión que continúe su trabajo para hacer que el sistema de impuestos sobre la propiedad sea "...más simple, más claro y más justo..." y que examine formas de aumentar la educación y la comprensión sobre el alcance y la naturaleza de los impuestos a la propiedad de servicios públicos, cómo se evalúan, sus ramificaciones de política pública para los objetivos de política de energía limpia y la posible naturaleza regresiva de su recaudación, con especial atención a las comunidades de justicia ambiental. La Ciudad debe respaldar la capacidad de Con Edison para destacar específicamente los impuestos a la propiedad en la factura de un cliente como primer paso.
2. Fomentar las inversiones en energía limpia: la Comisión debe estudiar la magnitud de los posibles impuestos futuros sobre la propiedad que se derivarán de la transición a un sistema de energía limpio y electrificado, y asociarse con las empresas de servicios públicos para encontrar formas creativas de aprovechar esos impuestos para hacer que la transición a la energía limpia sea más asequible y accesible. Esto podría venir en forma de:
   1. Proporcionar una exención del impuesto a la propiedad para las inversiones realizadas para facilitar la generación y entrega de energía limpia.
   2. Reservar los impuestos incrementales que se cobran a las inversiones en energía limpia para ayudar a facilitar la adopción y la asequibilidad de las inversiones en eficiencia energética necesarias a nivel de construcción para cumplir con los objetivos de descarbonización de la Ciudad y el Estado.
3. Eliminar la burocracia de evaluación derrochadora: los impuestos a la propiedad sobre los servicios públicos actualmente son evaluados por diferentes agencias que utilizan diferentes metodologías de evaluación. Es una maraña burocrática que no hace nada para ayudar a aliviar la carga de costos para nuestros clientes, a pesar de nuestros continuos esfuerzos para desafiar las evaluaciones irrazonables. La propiedad de servicios públicos ubicada en un derecho de paso público es evaluada por el Estado, mientras que la misma propiedad ubicada en un derecho de paso privado es evaluada por la Ciudad. El empleo de diferentes metodologías de evaluación genera trabajo duplicado, demandas, demoras, confusión y, en última instancia, costos más altos para los clientes de energía. Una mejor manera de evaluar la propiedad de servicios públicos sería mediante una "evaluación central". Bajo tal sistema, el estado establecería topes de evaluación para la propiedad de servicios públicos ubicada en derechos de paso privados. Existe un programa exitoso similar, establecido en 2015, para propiedades de empresas de telecomunicaciones. El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York junto con el PSC respaldaron específicamente la idea de una evaluación central de la propiedad de servicios públicos. El Estado encontró que la evaluación central proporcionaría una mayor eficiencia y equidad, y costos administrativos y legales reducidos para los servicios públicos y los municipios. Curiosamente, sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Asesora rechazaron esta noción de evaluación central del impuesto de franquicia especial de servicios públicos, con poca justificación o evidencia de un examen exhaustivo. Creemos que esta conclusión debe reconsiderarse.

Con Edison está lista para trabajar en estrecha colaboración con el Concejo Municipal, así como con la Legislatura y el Ejecutivo del Estado para llevar a cabo reformas reales, sostenibles y equitativas en el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles de la ciudad de Nueva York. Dichas reformas deben incluir, como piedra angular, la evaluación central por parte del estado de la propiedad de servicios públicos ubicada en derechos de paso privados, así como incentivos o exenciones fiscales para proyectos de servicios públicos que promuevan los objetivos climáticos y de resiliencia de la Ciudad y el Estado.